Frenazo a la igualdad y calidad educativas
JOSÉ EUGENIO ABAJO

	En los últimos 25 años se ha producido en España un formidable avance tanto en la calidad de la enseñanza como en la igualdad de oportunidades ante la educación. Hemos mejorado sustancialmente en todos los indicadores académicos: las tasas de escolarización en las diversas etapas educativas, los índices de igualdad de acceso (se han reducido las discriminaciones hacia las mujeres, los hijos de los obreros y los de zona rural), la dotación de recursos, la participación de los padres y alumnos, la atención prestada al alumnado con discapacidades… Y, fruto de todo ello, también la formación y los resultados académicos han experimentado un notable perfeccionamiento: una enseñanza renovada y, a la vez, con mayores niveles de éxito académico (actualmente aprueban mayor porcentaje de alumnos la ESO a los 16 años que los que lo hacían en la EGB a los 14). 
No obstante, persisten notables carencias y discriminaciones en el terreno educativo, de las cuales podemos destacar tres:
1) El fracaso escolar se cronifica en los más pobres, con menor tradición escolar en sus familias, minorías étnicas, y en los barrios segregados. Estos niños se encuentran con frecuencia con peores condiciones para el estudio en sus casas, con escasas expectativas académicas en sus familias, y desde el resto de la sociedad tiende a proyectarse sobre ellos un etiquetamiento de “malos estudiantes” y “conflictivos”.
2) Existe el riego de acentuarse la dualización y la guetización de parte del sistema escolar: el que unos colegios se nutran exclusivamente de alumnado de clase social media y alta, y otros sólo de minorías étnicas y grupos sociales desfavorecidos. En esta dinámica resultan determinantes: la postura de las Administraciones Educativas, la política urbanística y de la vivienda, los distintos padres de las clases medias (si se inclinan por colegios públicos y pluriculturales o, por el contrario, huyen de los centros donde van niños de minorías étnicas), y también las decisiones de las propias congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza.
3) Necesidad de una redefinición y dignificación del papel del docente: en buena lógica, los maestros debieran contar con la máxima titulación y consideración universitaria, y, a su vez, los profesores de Educación Secundaria debieran poseer de entrada una base pedagógica sólida (cosas que actualmente no ocurren). Y, unido a ello, se precisa desangustiar la labor docente: incremento de los recursos, reducción de la ratio profesor-alumno, valorización de la función del profesor-tutor, etc. 
	Ante estos retos que tenemos planteados, se requiere una mayor dotación presupuestaria (el porcentaje del PIB destinado a educación en España es todavía de los más bajos de los países de la OCDE), así como voluntad política de seguir profundizando en la equidad y calidad educativas. 
Calidad y justicia educativa no son dos exigencias irreconciliables, y así lo demuestra el hecho de que los países con unos estándares educativos más altos poseen sistemas de enseñanza integradores. Por el contrario, el incremento de las clasificaciones y filtros en la escolaridad básica conlleva siempre tres dinámicas indeseables: se tiende a generar un estilo de enseñanza que se agota en los exámenes, se multiplican las cotas de fracaso y deserción escolar, y, unido a esto, el alumnado proveniente de los grupos sociales más desfavorecidos abandona aún más tempranamente el sistema educativo. 
Por todo ello, “las soluciones” que plantea la Ley de Calidad (acentuar los mecanismos segregadores, con itinerarios precoces divergentes, potenciar la enseñanza concertada, aumentar los contenidos de tipo memorístico, recortar la participación de los padres y jerarquizar al profesorado) constituyen un contrasentido y un retroceso sin precedentes. 	
Este documento se halla incluido en  el sitio WEB promovido desde Concejo Educativo  http://www.loce.concejoeducativo.org/